Terminada la dictadura, los gobiernos democráticos continuaron pactando con el “pasado” de manera legal, con serias implicancias intelectuales. Un ejemplo es la Ley 18.771 que determinó que la información pública proveniente de los organismos de la Defensa puede ser destruida sin previa consulta jerárquica al Poder Ejecutivo. O la Ley 19.992 que estableció un silencio de 50 años para la información que las víctimas entregaron a la “Comisión Valech”.
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